La última reforma de la Ley Concursal que entró en vigor el pasado mes de septiembre ha disparado las comunicaciones de los juzgados de lo Mercantil que se encargan de tramitar estos procedimientos, ante la avalancha de particulares que ha decidido recurrir a esta figura para librarse definitivamente de sus deudas.
En total, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, durante el primer trimestre del año solicitaron el concurso acreedores hasta 338 personas físicas en el conjunto de la provincia –casi cuatro cada día-, una cifra sin parangón en la serie histórica y que más que duplica a las registradas en el mismo periodo del año pasado, cuando fueron 162.
De ellos, hasta 319 eran particulares y solo 19 eran empresarios en activo, una cifra que, de hecho se ha reducido ya que el año pasado sumaban 34.
El aumento de concursos de personas físicas contrasta con la reducción que han experimentado los procesos solicitados por empresas, que han pasado de 74 en el primer trimestre del año pasado a 45 en el mismo periodo de este ejercicio.
¿Qué es la ley de Segunda Oportunidad?
La Ley de la Segunda Oportunidad (LSO) es un proceso administrativo que permite a una persona cancelar sus deudas por ley.
Esta es una herramienta a disposición de particulares y autónomos que les ayuda a dejar atrás una situación económica complicada. Esto es posible mediante la negociación de nuevas condiciones con los acreedores y, en última medida, conseguir la cancelación de las deudas.
Para acogerse a la LSO, es necesario cumplir con una serie de requisitos. Este procedimiento está regulado por la Ley 25/2015 de mecanismo de segunda oportunidad y reducción de carga financiera.
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